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El juez federal Jorge Di Lorenzo elevó a juicio oral la causa en la que Carlos "Indio" Castillo y Juan José "Pipi" Pomares están acusados de cometer crímenes de lesa humanidad antes y después del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, desde la organización parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU), en La Plata. El magistrado dio curso así al requerimiento de los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, quenes imputaron a los dos ex integrantes de la citada CNU por  homicidios, torturas, secuestros, robo y violación de domicilio, informó el sitio del Ministerio Público fiscales.gob.ar.

Castillo está acusado por su presunta participación directa en el secuestro y homicidio de Carlos Antonio Domínguez y en el secuestro de Roberto Fiandor, perpetrados el 12 de febrero de 1976, y en el secuestro y homicidio de Leonardo Guillermo Miceli, consumados el 19 de abril del mismo año. También fue imputado por el secuestro y homicidio de Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini, y por el secuestro de Daniel Hugo Pastorino y Adelaida Ursula Barón, cometidos entre el 3 y 4 de abril de  1976, casos por los que también será juzgado Pomares.

La acusación contra Castillo y Pomares es resultado de años de investigación de casos que quedaron impunes en la justicia ordinaria y la federal pese a que la Policía bonaerense recogió pruebas poco tiempo después de los hechos, durante la última dictadura.

Los miembros de la CNU fueron detenidos por la Policía y el Ejército en la madrugada del 1° de mayo de 1976, cuando ya el accionar de los grupos parapoliciales y paramilitares comenzó a ser reemplazado por el de los "grupos de tareas" integrados por las mismas fuerzas armadas y de seguridad del Estado. También se produjo en ese nuevo estadio represivo "otra circulación del botín arrancado a las víctimas", en palabras de los fiscales de la causa.

Tras las detenciones de Castillo y Pomares, la policía incautó gran cantidad de elementos robados en diferentes hechos y convocó a los denunciantes a reconocerlos a la comisaría 8ª de La Plata. En esa repartición policial, la esposa del sindicalista Carlos Antonio Domínguez reconoció la máquina de escribir de su hija, que los asesinos de su esposo habían tomado en la madrugada del 12 de febrero de 1976, el día en que lo secuestraron. Esa prueba ignorada durante la dictadura por la Policía y los tribunales de la justicia ordinaria o federal es ahora uno de los elementos de cargo. La máquina de escribir marca Engadine fue secuestrada por la Policía en la casa que habitaba por aquella época el "Indio" Castillo.

El cuerpo de Domínguez apareció horas después con cerca de 40 balazos camino a la localidad de Magadalena, a unos 50 kilómetros de La Plata. Un compañero de gremio de Domínguez, Roberto Flandor, era trasladado por los captores en el baúl de un vehículo, pero se salvó porque logró abrirlo para arrojarse al asfalto.

Otro de los hechos que llegarán a juicio comenzó el 19 de abril, cuando la patota de la CNU secuestró en diferentes puntos de la ciudad a Leonardo Miceli, Horacio Urrera y Carlos Alberto Sathicq, cuyos cuerpos sin vida aparecieron flotando al día siguiente en el arroyo Sarandí, partido de Avellaneda.

La esposa de Miceli, Ana María Bossio, reconoció entre los captores de su esposo al "Indio" Castillo y luego encontró en la comisaría 8ª un cenicero que en la misma madrugada le habían robado a su hermano, Oscar Alberto Bossio, cuando lo fueron a secuestrar y no lo encontraron.

Pocos días antes, entre el 3 de abril y el 4, la patota de la CNU secuestró a Néstor Hugo Di Noto, Graciela Martini, Daniel Pastorino y su mujer Adelaida Barón, interceptados todos mientras viajaban en un auto por la localidad de Villa Elisa, próxima a La Plata.

Pastorino y Barón salvaron sus vidas por intervención de uno de los integrantes de la banda -Patricio Errecalte Pueyrredón- que conocía a un familiar de Adelaida y los liberó, pero Di Noto y Martini "aparecieron asesinados al día siguiente en la calle 11 del Barrio Los Porteños de City Bell, con numerosos impactos de proyectiles, disparados desde al menos tres armas de fuego calibres 12, 11.25 y 9 mm", describieron los fiscales.