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El ex coronel Eduardo José María Lance fue jefe de operaciones del Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo. En los últimos días, fue detenido en el marco de una causa que investiga casos de desaparecidos arrojados desde aeronaves que partían de aquella guarnición militar. El caso de Lance se suma a otros cuatro del mencionado Batallón, entre ellos el de su jefe Luis del Valle Arce, quien ya estaba detenido por otra causa de lesa humanidad.

Lance era buscado desde la semana pasada y fue detenido en su casa de Bella Vista, provincia de Buenos Aires, e indagado luego por la jueza federal de San Martín, Alicia Vence. Pero Lance, de 72 años, se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio en esta instancia y se negó a declarar. Quedó detenido, aunque con el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad.

El ex militar está imputado por los casos de Juan Carlos Rosace, Adrián Enrique Accrescimbeni y Roberto Ramón Arancibia, quienes -de acuerdo con los elementos probatorios recogidos- estuvieron secuestrados en Campo de Mayo.

Accrescimbeni y Rosace, compañeros del cuarto año del Colegio Mitre de San Martín, fueron privados de su libertad el 5 de noviembre de 1976 y luego fueron vistos en el centro clandestino de detención conocido como "El Campito". Sus cuerpos aparecieron juntos a fin de aquel año en la zona sur del Río de la Plata, a la altura de la localidad de Punta Indio, y luego inhumados como NN en el cementerio de la ciudad de Magdalena. Arancibia, en tanto, fue secuestrado el 7 de mayo de 1977 y fue visto en el centro clandestino El Vesubio, en el ámbito del Cuerpo I del Ejército, hasta que luego fue trasladado a Campo de Mayo -sede del Cuerpo IV- donde se lo vio por última vez con vida, según las referencias brindadas por sobrevivientes. Su cuerpo apareció en la costa de Santa Teresita el 24 de febrero de 1978.

Riesgo de fuga

La detención de Lance es la quinta en una semana. Según informó la página Fiscales, la jueza Vence hizo lugar al pedido de los fiscales Miguel Blanco García Ordas y Hugo Bogetti y tomó declaración indagatoria al jefe del Batallón, Luis del Valle Arce -quien ya se encontraba detenido por otros hechos-, al tiempo que ordenó la detención y también indagó a su segundo, Delsis Ángel Malacalza (79), al responsable de Relaciones Públicas, Horacio Alberto Conditi (78), y al Oficial de Inteligencia de la unidad, Alberto Luis Devoto (73).

La jueza Vence concedió la prisión domiciliaria a Devoto, Canditi y Malacalza, que por primera vez resultaron detenidos en una causa por crímenes de lesa humanidad. Del Valle Arce ya contaba con ese beneficio. Para adoptar la decisión, la magistrada tuvo en cuenta sólo que los tres imputados superaban los 70 años de edad y que la ley le otorga la facultad discrecional para resolver. Vence ordenó un informe socioambiental para cada uno y que el Patronato de Liberados supervise la detención domiciliaria, en el marco de lo cual esa institución debe producir un informe una vez por mes.

Los fiscales Blanco García Ordás y Bogetti primero se opusieron y luego apelaron las tres resoluciones. Indicaron que la jueza "no analiza su situación personal, a la estructura que perteneció ni su estado de salud" en el caso de cada uno de los tres militares. "La razón de ello es que el juzgado sistemáticamente concede las detenciones domiciliarias -explicaron- a los mayores de setenta años en forma automática sin advertir la gravedad institucional que trae aparejada tal resolución, por la sola condición etaria del encartado, contrariando jurisprudencia de nuestro más alto tribunal".

En este sentido, ponderaron "la gravedad de los delitos", el "buen estado de salud" de los ex militares, la "capacidad económica y la especialidad de la temática de los delitos que se les endilgan en el que las trabas que ponen los imputados son infinitas para tratar que estos procesos no avancen".

Los fiscales, además, dijeron que los arrestos domiciliarios comportan "un aumento en el riesgo de fuga" de imputados con "capacidad de influir sobre estructuras de poder que integraron", y recordaron que en los casos de crímenes de lesa humanidad "se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino, que debe garantizar el juzgamiento de todos los hechos de esas características".

Fiscales/Télam/JMM