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La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados tratará en su sesión de hoy el proyecto de declaración firmado por todos los bloques que “reafirma el compromiso con la continuidad del proceso de Verdad y de Justicia como política de Estado de carácter irrenunciable”. El proyecto lleva la firma del presidente de la comisión, el diputado Remo Carlotto, del Frente para la Victoria, y entre otros, de Federico Pinedo, presidente del PRO; Felipe Solá, del Frente Renovador; Ricardo Alfonsín, de la UCR, y Myriam Bregman, del PTS. 

Piden que Macri exprese sus propuestas en políticas de ddhh

Según informó Página/12, la iniciativa tiene un antecedente en 2010 y se busca renovarla. “Nos parece que es muy auspicioso que todos los bloques de la Cámara de Diputados de la Nación hayan acompañado este pronunciamiento”, señaló al matutino Remo Carlotto y agregó que “La iniciativa intenta frenar las miradas que están planteando cierto cierre de una etapa” y en el corto plazo abre un espacio que busca que Mauricio Macri “también plantee cuáles son sus propuestas en materia de crímenes de lesa humanidad, porque esto es parte de una preocupación para el movimiento de derechos humanos”.

Con el consenso de todos los bloques

El texto que será tratado hoy ya tiene el consenso de todos los bloques y viene trabajándose desde que en agosto, la reunión de la Comisión Interpoderes convocada por la Corte Suprema señalaran que el desarrollo de los juicios era una política de Estado. De igual modo el texto será puesto en consideración en la reunión de comisión que contará con la presencia de representantes de los organismos de derechos humanos y de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

El documento señala: “La Cámara de Diputados de la Nación declara: su repudio hacia las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura cívico-militar y reafirma su compromiso con la continuidad del proceso de Verdad y Justicia como política de Estado de carácter irrenunciable”. Y agrega: “Reafirmar la obligación del Estado de continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad para conocer la verdad de los hechos y condenar a todos los responsables civiles y militares. Reafirmar el deber del Estado de mantener vivas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia como garantía de no repetición en nuestra sociedad”.

PAGINA12/JC/MEL