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El 15 de noviembre de 2012 el juez Federal de Jujuy, Fernando Poviña, procesó a Carlos Pedro Blaquier  y Alberto Enrique Lemos por considerarlos responsables del delito de privación ilegítima de la libertad agravada contra 26 personas. En un caso paradigmático de la complicidad civil en la última dictadura militar, la Cámara Federal de Salta acreditó un hecho gravitatorio: que Blaquier y Lemos proporcionaron a militares y policías jujeños las camionetas para llevar a cabo los secuestros de las víctimas. Cuando la justicia se preparaba para sentar en el banquillo de acusados al empresario del Ingenio Ledesma, los abogados defensores lograron trabar la causa. Un fallo de la Cámara de Casación consideró que las pruebas eran débiles y dictó la falta de mérito. En un round que parece dilatarse entre los tiempos muertos de los expedientes, los fiscales generales ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca y Ricardo Wechsler, presentaron distintos recursos extraordinarios para que la Corte Suprema tome cartas en el asunto y confirme los procesamientos. La querella, representada por la abogada María Florencia Ovejero, también acompañó el pedido ante el máximo tribunal.

“Presentamos tres recursos de queja para que la causa se encamine hacia el juicio oral. Primero, entendemos que la Cámara de Casación la no tenía jurisdicción para resolver en el caso porque ya se había logrado el ‘doble conforme’ con el pronunciamiento del juez de primera instancia y luego de la Cámara Federal. Y le pedimos a la Corte que haga lugar a un recurso extraordinario para habilitar el juicio y darnos la oportunidad de probar allí la existencia de pruebas y elementos”, dijo Ovejero a Infojus Noticias.

La abogada explicó que, en casos de lesa humanidad, los procesos son diferentes. “Casación debe hacer una valoración distinta de la prueba recolectada para dictaminar si corresponde o no. Son hechos de hace 40 años, se sabe que tener prueba directa es complicado y nos restringen la posibilidad de que los testimonios puedan seguir confirmando lo que sostienen desde 1984. Es preciso sostener que, para la elevación a juicio, alcanza con tener indicios de prueba y no una prueba cerrada”, puntualizó.

Para Ovejero está probado que tanto Blaquier como Lemos, presidente y administrador de la firma respectivamente, fueron responsables en los préstamos de los vehículos a Gendarmería. Con las camionetas se organizaron operativos especiales de secuestro. “En un allanamiento que se hizo a la empresa se encontró una carpeta con legajos personales de gremialistas de los ´70, con datos que revelaban una persecución y un apuntalamiento. Y también se encontró documentación de cómo Ledesma contrataba a empresas para que investigue a la gente que participaba de las marchas del apagón. Son tareas de espionaje que se revelarían en un juicio pero Casación no lo permite con fallos polémicos dándole más lugar a la empresa que a las víctimas”, enfatizó Ovejero.

En un limbo jurídico

La abogada representa, además de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), a las víctimas Ernesto Reynaldo Samán, Luis Víctor Escalante, Víctor César Cruz y Enrique Omar Rivero. En los tres recursos de queja, se plantea que la falta de mérito de Casación se decidió sobre la base de “una fundamentación defectuosa”, dejando de lado los elementos probatorios. “Esta resolución tiene los efectos propios de un ´sobreseimiento  encubierto´ y se torna irrevisable. Podríamos decir que la Cámara de Casación ha convalidado la ‘usurpación’ de la jurisdicción del Tribunal Oral que deberá decidir, finalmente, el derecho. Ha puesto fin a la cuestión que se pretendió debatir. Más aún, se llega a la conclusión resolutoria sin efectuar un mínimo análisis de la prueba”, se lee en los escritos, a los cuales accedió Infojus Noticias.

Hace unos días, el fiscal De Luca dijo que la causa había quedo en una situación de “verdadera gravedad institucional”, dado que "no fue resuelta la situación procesal de Blaquier y de Lemos ni se ha elevado la causa a juicio oral, por lo cual quedaron en una suerte de 'limbo jurídico' equiparable a un sobreseimiento, lo cual viola el mandato de jerarquía constitucional y cuyo cumplimiento genera responsabilidad internacional de juzgar a los imputados de delitos de lesa humanidad".

Blaquier y Lemos están procesados por 29 hechos, en dos causas distintas. La primera es la llamada causa “Arédez y otros”, que se refiere a tres dirigentes sindicales secuestrados a partir del 24 de marzo de 1976. Entre ellos está el médico Luis Arédez, que en 1973 fue intendente de Libertador General San Martín -donde está ubicado el ingenio- a pedido de los vecinos y el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Arédez había sido asesor del sindicato y de la mutual. No son las únicas víctimas de esa causa, pero sí por las que fue procesado Blaquier. Estos secuestros tuvieron como característica que fueron particularizados, las personas eran referentes reconocidos, estaban en listas negras y a cada uno fueron a buscarlos a sus casas.

La segunda causa es la llamada causa “Burgos”, conocida como las Noches de los Apagones, por la serie de secuestros producidos en julio de 1976 durante noches de apagones en los tres pueblos que rodean al ingenio. La mayor parte de las víctimas estaban sindicadas por algún vínculo familiar con el ingenio o con el movimiento sindical o social. El juez Fernando Poviña procesó a Blaquier y a Lemos como partícipes primarios, probó que Ledesma colaboró en los secuestros prestando sus vehículos en los traslados y les imputó privación ilegal de la libertad. Pero dejó en suspenso otras imputaciones pedidas por querellas y fiscalía como violación de domicilio, tormentos y homicidio, para el caso de las víctimas de las Noches de los Apagones que permanecieron en el centro clandestino que funcionó en un hotel de Guerrero, y que están desaparecidas. La fiscalía y las querellas también reclaman a la justicia para que incluya estas figuras.

JMM/RA