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Gustavo Modesto Demarchi sigue siendo una piedra en el zapato para juzgar a la Concentración Nacional Universitaria (CNU) de Mar del Plata, una organización de ultraderecha de la que se lo acusa de ser el líder. Esta vez, la polvareda se levantó cuando el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata aceptó su propuesta de ejercer su propia defensa en el juicio. “Consideramos que no se respetan los estándares internacionales que exigen los comités vinculados a los derechos humanos”, dijo a Infojus Noticias Daniel Adler, el fiscal federal del juicio, que mañana presentará la apelación ante la Cámara de Casación de la Nación.

El recurso que presentará mañana el Ministerio Público Fiscal para que le revoquen al ex fiscal federal de Mar del Plata en 1975 –período en el que se investigan seis homicidios calificados y el secuestro de María del Carmen Maggi- la potestad de interrogar a sus víctimas, se apoyará en tres requisitos que deben cumplirse para que una persona ejerza su propia defensa. La primera es que la defensa debe ser eficaz. “Aquí no se sabe si Demarchi es imputado o defensor”, esgrimió Adler. La segunda, es que no debe obstruir la marcha del proceso.

“Demarchi no sólo estuvo prófugo (fue encontrado en Colombia en 2012), sino que cuando ejerció su propia defensa en la etapa preliminar, interpuso infinidad de obstáculos procesales que dilataron el proceso”, opuso el fiscal. Lo tercera clave que debe darse es que no exista entre los testigos revictimizacion. “Creemos que este es el punto más grave, porque tendrá la posibilidad de atemorizar a los testigos. Ya los ha denunciado penalmente y ha demandado civilmente a otros, ha hecho un verdadero hostigamiento a las víctimas”. Para contrarrestar las acusaciones, Demarchi dijo que no había victimas vivas. Quienes rechazan esa idea creen que los familiares de las personas que se lo acusa de haber ordenado matar, también lo son.

Demarchi llegó a juicio con un abogado particular, pero antes de comenzar las audiencias le revocó el poder y pidió defenderse a sí mismo. Como codefensor designó al abogado Claudio Benvenutto, pero tampoco asistió. La decisión del jurado también generó la preocupación del  Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos "Dr. Fernando Ulloa", que hace varios años interviene en los juicios de lesa humanidad asistiendo a las víctimas que vuelve a verse las caras –muchas veces- con sus propios torturadores. “Nosotros elevamos una nota al tribunal por preocupación que nos genera, más allá del derecho de defensa, que una persona imputada ejerza su defensa teniendo en cuenta que las personas que concurren son sus víctimas”, dijo a Infojus Noticias Julieta Clamels, la directora del centro Ulloa. En la nota, el organismo –que coordina 28 equipos de acompañamiento y asistencia psicológica para víctimas del terrorismo de Estado en todo el país- le piden al tribunal que las preguntas las realice a través de la defensa oficial.

-¿Cuál puede ser el impacto emocional de un testigo de encontrarse respondiendo preguntas de la persona que ordenó matar a un familiar, por ejemplo?

-La similitud que va a tener en la situación de interrogatorio nos preocupa. En este caso, los testigos serán interrogados por el propio está sospechado de asesinar a su familia. No es aconsejable, y se presume que es perjudicial.

El revuelo en el mundillo judicial de la ciudad balnearia, también alcanzó los estamentos académicos. La facultad de Psicología de Mar del Plata difundió un comunicado que coincide, en esencia, con las inquietudes del centro Ulloa. “La posibilidad de declarar ante quien fue victimario en la época mencionada, y que como miembro del poder judicial en su momento representaba al Estado, implica una situación de crueldad a la que se expone a las personas que darán su testimonio”, dice. La declaración está firmada por la decana de la facultad, Ana María Hermosilla. “Allí donde debería crearse un espacio para la elaboración de la situación traumática, donde prestar testimonio puede vincularse a la búsqueda de justicia, se propicia un espacio paradojal, enfrentando la víctima al victimario y generando de esta forma una vuelta sobre lo traumático”, concluye.

Otros casos polémicos

Antes del represor marplatense, hubo otros casos, con más y menos suerte en sus aspiraciones. En 2009, el represor cordobés Oreste Valentín Padován le pidió a la jueza Cristina Garzón de Lascano asumir su defensa. La magistrada lo rechazó. El ex integrante de la “patota” del centro clandestino de La Perla apeló ante la Cámara. En 2010, la Cámara volvió a negárselo. El camarista Abel Sánchez Torres opinó que “de otorgarse a Padován la posibilidad de defenderse personalmente, el derecho de defensa en juicio se vería gravemente afectado, ello teniendo principalmente en cuenta que el encartado se encuentra alojado en un establecimiento penitenciario”.

Otros gozaron de mayor permisividad. En el juicio conocido como la megacausa del “Área Paraná”, el juez federal Leandro Ríos le permitió a Jorge Appiani ejercer su defensa y el abogado –por via escrita, porque se juzgaba por código viejo- les preguntaba a las víctimas si habían sido terroristas. Los abogados querellantes y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación apelaron la resolución. El centro Ulloa tuvo que intervenir ante el juez para que mediara las preguntas y no fueran una revictimización directa.

Casos similares fueron el del coronel Bernardo José Menéndez, hermano de Luciano Benjamín y ex gobernador durante la ocupación de las Islas Malvinas, que se defendió a sí mismo en el juicio a los ex jefes de áreas militares en Capital Federal; Daniel Amelong, en el juicio del Hospital Militar; y Jaime Lamont Smart, ex ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tiene el triste privilegio de ser el primer civil condenado por crímenes de lesa humanidad.

LB/RA