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“Conocían el direccionamiento que involucró a las más altas esferas del Estado, al jefe de la SIDE, al juez Juan José Galeano y a los fiscales en el desvió de la investigación”, dijo la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, que representa a la querella del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para oponerse al pedido de las defensas del ex comisario Luis Vicat; del actual camarista bonaerense Federico Domínguez y de otros tres imputados, que intentan revertir el procesamiento que los involucra en el encubrimiento del atentado a la AMIA.

Lo aseguró ante los jueces Jorge Rimondi, Carlos González y Ricardo Pinto, que integran la sala ad hoc de la Cámara de Apelaciones que deberán definir cómo sigue este tramo de la causa por el encubrimiento que continúa en instrucción. Y a sus fundamentos adhirieron los fiscales de la Unidad AMIA -Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini-. La cuestión se planteó luego de que el 30 de diciembre pasado -por indicación de esta misma Cámara- el juez federal Ariel Lijo ordenara el procesamiento sin prisión preventiva para estos imputados.

El juez consideró suficientemente probado que los ex comisarios de la Bonaerense Luis Vicat y Ángel Márquez; el actual camarista Domínguez; la abogada Marta Parascándalo; y el ex inspector de la dirección de Asuntos Jurídicos del gobierno bonaerense Aldo Spicacci Citarella actuaron con el juez Juan José Galeano para involucrar en el atentado a los policías bonaerenses que finalmente resultaron absueltos. Concretamente los acusó de haber extorsionado a los policías Bautista Huici, Diego Barreda y Claudio Araya, por entonces detenidos por orden de Galeano, para que ampliaran su declaración en ese sentido.

En la resolución, Lijo señaló que Vicat, contó con la colaboración del por entonces abogado Domínguez y de su colega Nélida Parascándolo para ofrecerle a Huici que “declare haber visto la camioneta “traffic” (que habría explotado en la AMIA) en la Brigada de Investigaciones de Lanús”, e involucrara así al ex comisario Juan José Ribelli y otros policías. Lo mismo, recordó la abogada querellante Gómez Alcorta se repitió en los otros casos, y no se trató de una, sino que habló de “una saga de reuniones” o encuentros donde los acusados presionaron a los policías para ampliar sus declaraciones.

Aunque, como las defensas, consideró que la calificación de extorsión definida por Lijo puede no ajustarse a los hechos. Coincidieron en esto también los fiscales de Unidad AMIA y mencionaron la posibilidad de encuadrar los hechos como coacción. “Estaríamos ante el uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas”, dijo Gómez Alcorta.

La trama incompleta del encubrimiento

La investigación por el encubrimiento comenzó en 2000, cuando Claudio Lifschitz -uno de los prosecretarios del juzgado de Galeano- contó que el exjuez y el gobierno de Carlos Menem habrían acordado “plantar” la pista que dirigía hacia los policías bonaerenses. Todo ello cuando se producía un enfrentamiento entre el entonces gobernador Eduardo Duhalde y Menem. En 2005, después de un derrotero de jueces de instrucción y camaristas apartados por propia decisión y otros recusados por las partes, el expediente recaló en el juzgado de Lijo.
En diciembre del año pasado, la Cámara del Crimen revirtió por segunda vez los sobreseimientos que había dispuestos el juez, con respecto a algunos de los acusados. La medida dispuesta en julio de 2012 y reiterada julio de 2014, beneficiaba además de los cinco imputados que presentaron este nuevo reclamo ante la Cámara. Entre ellos, el ministro del Interior del gobierno de Carlos Menem, su tocayo Carlos Corach; los secretarios de Galeano, al momento de los hechos, entre otros.

Otro tramo de la investigación, que tiene como imputados al ex presidente Carlos Menem; el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy; el ex juez Galeano; el dirigente de la DAIA Rubén Beraja, el ex jefe de la policía metropolitana Jorge "Fino” Palacios y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia serán juzgados –a partir del 6 de agosto-. Están acusados por el desvío de la llamada "pista siria" y el pago de 400 mil pesos al reducidor de autos Carlos Telleldín, para que involucre a policías de la Bonaerense en el atentado. En el debate, ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), está previsto que declaren 141 testigos.