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El lunes 3 y martes 4 de agosto, días previos a que comience el juicio oral y público por el encubrimiento del atentado a la sede de AMIA, se desarrollarán dos jornadas informativas y de reflexión sobre la situación de la causa y sus consecuencias psicológicas, jurídicas y éticas políticas.

El juicio comenzará el jueves a las 9.30hs en los tribunales de Comodoro Py y entre los imputados se encuentran el ex juez Juan José Galeano, los entonces fiscales Eamon Mullen y José Carlos Barbaccia, el ex titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Hugo Alfredo Anzorregui, el entonces subsecretario de Inteligencia de Estado Juan Carlos Anchezar, el ex agente de inteligencia de la SIDE Patricio Finnen, Carlos Alberto Telleldín y su pareja, Ana María Boragni, el entonces abogado defensor de Telleldín Víctor Stinfale, Rubén Ezra Beraja, entonces titular de la AMIA/DAIA, el ex presidente Carlos Menem, Carlos Antonio Castañeda, ex Jefe del Departamento de Protección del Orden Constitucional de la PFA, y el entonces Jefe de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, Jorge Alberto Palacios.

La primera jornada será este lunes a partir de las 18hs, en el Colegio Público de Abogados de la CABA (Av. Corrientes 1441). Organizada por el Capítulo de Psiquiatría y Criminología de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), invita a reflexionar sobre las consecuencias del encubrimiento del atentado terrorista en la sociedad. Contará con la participación del periodista Raúl Kollman; el subsecretario de Política Criminal y responsable de Unidad especial AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Luciano Hazan; los familiares Sergio Burstein (Asociación 18J) y Diana Malamud (Memoria Activa); Estela B. de Carlotto (Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo); los abogados Gaston Schiller (CELS) y Beinusz Szmukler (Asociación Americana de Juristas) y el Dr. Luis Ohman (APSA). 

La segunda jornada será el martes a las 19hs, en el club deportivo Sholem (Lavalleja 182). Andrea Pochak, secretaria letrada de la Procuración General, y Diana Malamud, de Memoria Activa, presentarán un informe sobre la situación del proceso judicial en el que se investigan las maniobras de encubrimiento desarrolladas para proteger a los responsables del atentado a la sede AMIA.

La vuelta de Galeano

Una década después de haber sido destituido, el 3 de agosto de 2005, el ex juez Juan José Galeano volverá a Tribunales en los próximos días para ser juzgado por el encubrimiento del mayor atentado terrorista de la historia argentina. A partir del jueves venidero, el Tribunal Oral Federal 2 de la Capital comenzará a juzgar a Galeano por las dos causas que se ventilarán unificadas, y en las que también están acusados el ex presidente Carlos Menem y el entonces titular de la Side, Hugo Anzorreguy.

A Galeano se le imputan decenas de delitos para la concreción de la orden presidencial de desviar la pesquisa de la llamada “pista siria” y por el pago de 400.000 dólares a Telleldín para que involucrara falsamente a policías bonaerenses con el fin de mostrar un logro en el segundo aniversario de la explosión de la bomba. En el 2004, tras liberar a cuatro policías falsamente acusados, la justicia anuló el juicio, apartó a Galeano de la causa y lo denunció por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, que lo destituyó tras un jury de enjuiciamiento, hace ahora diez años.

En la causa por la orden presidencial de alejar la investigación del empresario de origen sirio libanés Alberto Kanoore Edul, el ex juez está acusado de suspender las escuchas, destruir las desgravaciones, extraviar los cassettes y de realizar allanamientos de modo que carecieran de validez. Galeano está imputado por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, prevaricato y violación de medios de prueba, y si se suman las penalidades, tal como pidió el fallecido fiscal Alberto Nisman, el primer juez encargado de investigar el atentado podría terminar con una condena de prisión efectiva.

En la otra causa por pagar el falso testimonio al acusado de entregar –sin saber su destino- la Trafic en que se había colocado el explosivo, Galeano está imputado de prevaricato, consistente en dictar resoluciones fundados en hechos cuya falsedad le constaba. También enfrenta cargos por peculado y cuatro privaciones ilegales de la libertad contra los policías falsamente acusados, maniobras para las cuales contó con la complicidad de los fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, que también fueron destituidos y estarán en el banquillo de los acusados. Para Nisman, el tercer fiscal de aquel equipo que sobrevivió a la anulación del proceso y quedó al frente de la investigación, el plan de la Casa Rosada fue “proteger, encubrir y proveer impunidad” al amigo de la familia presidencial, cuya relación con el agregado cultural iraní Moshe Rabbani, sospechado desde un primer momento como organizador del atentado, se incrementó en los días previos.