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El juez federal Ariel Lijo terminó de tomar hoy las indagatorias a los ex policías bonaereses y abogados a los que investiga por colaborar con el juez Juan José Galeano en la construcción de pruebas falsas en la causa por el atentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Entre los imputados por el delito de coacción está el actual presidente de la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires, Federico Domínguez. El 20 de agosto pasado, el juez bonaerense presentó un escrito y no respondió preguntas sobre la imputación; hoy, fue el turno del abogado Aldo Spicacci Citarella, que también presentó su respuesta por escrito e hizo uso del derecho a no responder.

En la resolución que los convoca a indagatoria, el juez Lijo les atribuye “haber formado parte de la maniobra del desvío de la investigación del atentado” que dejó 85 muertos y cientos de heridos entre los escombros de la mutual. Este es un tramo de la causa que se inició en el año 2000, cuando un abogado que trabajó en el juzgado de Galeano contó que el juez habría acordado involucrar en el atentado, con pruebas falsas, a un grupo de policías de la Bonaerense.

Las indagatorias incluyeron, además, a la abogada Marta Parascándolo y a los ex comisarios de la Bonaerense, Luis Vicat y Ángel Márquez. Entre otros hechos, Lijo los imputó por haber presionado a los policías Bautista Huici, Diego Barreda y Claudio Araya, por entonces detenidos por orden de Galeano, para que ampliaran su declaración e involucraran a sus policías, a los que pretendían imputarles el atentado.

Concretamente, en el escrito, Lijo señaló que les “ofrecían beneficios del tipo económico, laboral o procesales”, como “excarcelaciones” o mejoras en sus condiciones de detención o, en caso contrario, amenazas de que estas podrían “mantenerse o empeorar”.  

En la resolución, Lijo señaló que Vicat contó con la colaboración del por entonces abogado Domínguez y de su colega Nélida Parascándolo para ofrecerle a Huici que “declare haber visto la camioneta ‘Trafic’ (que habría explotado en la AMIA) en la Brigada de Investigaciones de Lanús”, e involucrara así al ex comisario Juan José Ribelli y a otros integrantes de la fuerza que hoy actúan como querellantes en esta causa.

Después de enumerar una serie de situaciones de este tipo, además incluyó un hecho por el que, por primera vez, fueron consultados. Las presiones de las que fue objeto el subcomisario de la Bonaerese Juan Maisú, un subalterno de Ribelli que luego de un allanamiento en las oficinas de su entonces jefe fue llamado a una reunión con Vicat. “Ocasión en la que Vicat le hizo saber la relación que tenía con el juez Juan José Galeano y se refirió a la conveniencia de declarar contra Ribelli”, apuntó Lijo.

Más adelante, según el escrito del juez, Maisú se habría cruzado con Domínguez y Parascándolo en los tribunales de Lomas de Zamora y lo habrían presionado en el mismo sentido. Con la presentación de hoy de Spicacci Citarella, el titular del Juzgado Federal N° 4 dio por concluido este tramo de indagatoria, y debe ahora definir si hace o no lugar a las medidas de pruebas presentadas por las defensas.

Por otro tramo de esta investigación, desde el pasado 6 de agosto, están siendo juzgados el ex presidente Carlos Menem; el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy; el ex juez Galeano; el dirigente de la DAIA, Rubén Beraja; el ex jefe de la policía metropolitana, Jorge “Fino” Palacios; y los fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, entre otros.

MB/LL