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“Picaba cebolla feliz y contenta y de repente me venían imágenes de la tortura”. Los recuerdos traumáticos la acompañaban todos los días, pero Patricia Molinari se resistió por 35 años a contar sus vivencias en un juicio. No podía. Era demasiado doloroso. En julio de 1976 un grupo de marinos se la llevaron detenida ilegalmente de la escuela de Artes Visuales de Mar del Plata junto con otros compañeros simpatizantes de la Juventud Universitaria Peronista.

Cuando el tribunal cita a los testigos para los juicios de lesa humanidad les avisa que los van a llamar del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa. “Se los llama por teléfono. Y en caso de que el testigo así lo decida, se coordina una entrevista personal antes del juicio y se les hace un seguimiento. Muchas veces la familia no conoce el pasado de la persona y también es difícil declarar ante mucha gente. Algunos piden que no haya público si tienen que declarar sobre delitos sexuales. Otros quieren que estén los imputados y algunos que no estén”, explicó a Infojus Noticias Fabiana Rousseaux, directora del área que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.

“Dado que se lo que se pone a ‘hablar’ en el testimonio es el horror, esto hizo que durante más de tres décadas muchos sobrevivientes no hayan podido hablar de lo sucedido en el seno de lo familiar y por eso, muchas veces la familia no conoce el pasado del testigo”, agregó Rousseaux.

Molinari contó que estaba negada a declarar. “Un día me llamó Juan Ríos del Centro Ulloa. Estuvimos charlando dos horas, lo pensé mucho y tomé la decisión de declarar”, contó Patricia. Molinari declaró ante un Tribunal Oral en octubre de 2011 y fue contenida por una psicóloga de la red de profesionales del sistema público, que la ayudó a procesar sus recuerdos.

“Para atestiguar tenía que volver a aquella época. Aparecieron recuerdos y recuerdos. Mi psicóloga me decía que siempre hacía llaves para abrir puertas –trabajo en una cerrajería- pero nunca podía abrir mi puerta. Hasta que rompí esa barrera, pude declarar y sentí mucho alivio después”, dijo Molinari a Infojus Noticias.

El Centro Ulloa está destinado a la atención de víctimas tanto del terrorismo de Estado como de otras situaciones actuales provocadas por el accionar directo de agentes del Estado que violan derechos humanos, según consta en el decreto de creación del centro. Comenzó a funcionar en 2009 en una vieja casona de la calle Esmeralda 138 en el microcentro porteño, que supo ser sede del extinto Banco General de Negocios, denunciado por la fuga de 250 millones de dólares, de los hermanos Rohm. En su  directorio también tenía participación el exministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz.

En el período de 2009 a 2013 se acompañó a más de cuatro mil personas en distintas jurisdicciones del país. Entre otras: la ciudad de Buenos Aires, Tucumán,  Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Jujuy, San Juan, Catamarca y la provincia de Buenos Aires, entre otras. También trabajaron con testigos que viven en el exterior. Por ejemplo, acompañaron a Macarena Gelman, nieta recuperada del poeta Juan Gelman. Ella es testigo en la causa Plan Cóndor. Nació en cautiverio y sus padres están desaparecidos.

Hasta el último rincón de la memoria

Los testigos no solo son sobrevivientes, sino también amigos y familiares de víctimas del Terrorismo de Estado. En los juicios que se están desarrollando a lo largo del país hay muchos testigos nuevos y algunos son sobrevivientes que están declarando por primera vez. Ellos explican cómo eran esos centros clandestinos del horror, escaleras, sótanos, piezas donde los gritos de dolor son cicatrices plasmadas en el alma. Tratan de profundizar hasta el último rincón de la memoria para que los asesinos, torturadores terminen en cárcel común.

Desde el Ulloa explicaron que el rol dentro del Estado implica advertir las consecuencias que ha tenido el Terrorismo de Estado en el marco de la salud en general y de la salud mental en particular. Hoy existe una red de instituciones en todo el país donde víctimas pueden tratarse con profesionales de la salud mental. Esto es a efectos de consolidar el trabajo, en una política pública enmarcada en la lógica de la reparación a víctimas que el Estado debe asumir.

Carlos Martínez Paiva es sobreviviente del centro clandestino de Concepción del Uruguay en Entre Ríos y desde 1985 declara ante organismos de derechos humanos. Uno de los represores que lo torturó, el ex oficial de la Policía Federal José Darío Mazzaferri, está prófugo. Martínez Paiva es asistido por profesionales del Centro Ulloa, que se han ocupado de tramitar juntas médicas y de hacer intervenciones con médicos del hospital local. “Se han portado bien en cuanto a la contención y se han preocupado mucho por mí y por mi familia, que también necesita asistencia”.

“Nosotros trabajamos con víctimas y no con victimarios. Somos abstinentes pero no neutrales”, aclaró a Infojus Noticias Ríos, del Centro Ulloa.

“No es cualquier testigo ni cualquier víctima, son víctimas del terrorismo de Estado. Esto, de la construcción de la figura, hizo que escribiéramos el “Protocolo de Intervención para el tratamiento de Víctimas-testigos en el marco de procesos judiciales”, en donde uno de los ejes fue invertir el concepto de “testigo– víctima” por el de “víctima – testigo” para que se priorice la figura de víctima y no la de testigo. Es un testigo para la Justicia, es un objeto de prueba: tiene que hablar, mostrar, contar”, explicó Rousseaux.

Por una acordada de la Cámara de Casación, los testigos que ya declararon antes en algún juicio no tienen que volver a contar lo que ya testimoniaron. “Esto se hace para cuidarlos y no revictimizarlos, que no vuelvan a vivir esa experiencia traumática”, señaló Silvana Reinoso, del Centro Ulloa.

A diferencia de Molinari, Víctor Basterra declaró cerca de 40 veces por la causa ESMA, uno de los mayores centros clandestinos del país. Viajó a México, España, Italia para ofrecer su testimonio. Basterra estuvo detenido ilegalmente durante la dictadura. En su cautiverio pudo sacar clandestinadamente fotografías de represores dentro del centro clandestino ubicado en la Escuela de Mecánica de la Armada y gracias a eso muchos de ellos están siendo juzgados.

Basterra fue liberado en diciembre del ’83. Su primera declaración en la Conadep fue en mayo del ’84, cuando todavía tenía controles por parte de los marinos, los mismos que lo habían secuestrado y torturado.  

“Soy un activista y mi declaración forma parte de una militancia”, dijo Basterra, que también fue contenido por el Ulloa y semanas atrás declaró seis horas ante un tribunal. “Siempre habrá compañeros y compañeras que tengan un poco resquemor. No hay que agregarle nada a lo vivido. Les produce una gran paz a las personas y muchos tienen ganas de seguir testimoniando”.

En los juicios, cuando el testigo sale de la audiencia, muchas veces son aplaudidos por el público y se abrazan con su familia, con sus compañeros y algunos lloran desconsoladamente. Lloran porque pudieron liberarse o alivianar años de carga emotiva que les hicieron vivir en la época más siniestra de Argentina.