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En la audiencia 26 del Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza por la megacausa que tiene como protagonistas a los ex jueces Otilio Romano y Luis, un nuevo testimonio desenmascaró el funcionamiento de la justicia durante la última dictadura militar. La abogada Haydeé Clorinda Fernández del Río, que defendió a ex presos políticos, explicó la persecución ideológica que sufrió por parte de los represores al mismo tiempo que implicó a los ex jueces Rolando Carrizo, Otilio Romano y Luis Miret como parte del aparato judicial que “simulaba desconocer lo que acontecía”. En tanto, Guido Esteban Actis declaró sobre su paso por el centro clandestino D2, uno de los más grandes de la provincia. Además, el ex militante de la Juventud Peronista (JP) y delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), evidenció que la represión al movimiento obrero se puso en ejecución antes del golpe cívico-militar. La próxima audiencia será el lunes 30 de junio con los testimonios de los testigos Guillermo Martínez Agüero y Oscar Guidone.

Haydeé Fernández del Río contó el itinerario de detención: fue secuestrada el 17 de marzo de 1976 y llevada al D2, donde fue torturada. Dos días después la trasladaron a la Penitenciaría –allí funcionó otro centro clandestino- y el 19 de marzo la llevaron al Juzgado Federal donde le informaron que estaba involucrada en la Causa Rabanal. Después fue enviada a Villa Devoto y el 7 de enero de 1981 recuperó la libertad. En el D2 permaneció vendada: la brutalidad de la tortura le provocó un quiste en el pecho. Fue operada sin anestesia luego en Devoto.

Ante el Tribunal contó que fue parte del grupo de abogados que defendió a presos políticos en los años previos a la dictadura. Patrocinó a militantes de un sector del peronismo y de la izquierda, como Alfredo Guevara, Fuad Toum, Conrado Gómez -desaparecido en la ESMA- y Rosendo Chávez, todas víctimas de la represión ilegal.

Defensora amenazada

Desde 1975 Fernández ejerció su profesión bajo amenaza de muerte y realizó hábeas corpus a escondidas. En su testimonio recordó que “los expedientes quedaban lastimosamente paralizados, la relación con Romano y la Justicia Federal era muy difícil para nosotros. No en vano hay alrededor de 101 abogados desaparecidos y asesinados”. La abogada dijo que una hermana suya, un día después de la detención, habló con Otilio Romano, entonces fiscal, quien le dijo: “Nosotros no la tenemos”. Y agregó: “Luego Romano le dijo a mi padre que yo estaba en la peor causa de Mendoza. A Romano le encantaba ver a los familiares, porque les daba las peores noticias”.

Su declaración no pasó desapercibida. Fernández del Río miró a los imputados y, sin titubear, dijo que los ex jueces y fiscales acusados por delitos de lesa humanidad los marginaban por su militancia política. “No éramos queribles, nos rechazaban los hábeas corpus, decían que no sabían y de allí, de los Juzgados Federales, salían los informes sobre quién iba, quién venía, a quién defendíamos. Esos informes iban a parar a manos de los represores”, dijo.

En este sentido mencionó a los ex jueces Rolando Carrizo y Luis Miret como parte del aparato judicial que simulaba desconocer lo que acontecía. Y, específicamente, de Carrizo recordó que “evidentemente, sabía lo que sucedía porque cuando le pedimos que no torturaran más a José Basilio Sgroi porque se moría, lo dejaron de torturar”. Juan Basilio Sgroi fue un ex preso político detenido en el D2 que se encontraba al límite de la vida y la muerte.

Represores expertos en torturas

Guido Esteban Actis, ex militante de la JP, trabajaba en la Dirección Estadísticas y Censos cuando fue detenido a sus 24 años,  en febrero de 1976. Habló de su paso por el D2, donde coincidiera con otras víctimas que prestaron declaración anteriormente, entre ellas Silvia Ontivero y Fernando Rule. “La persona que golpeaba parecía un boxeador. Me ponían contra la pared y me golpeaban incluso en los oídos”, dijo.

Su relato aportó más datos sobre la causa de Miguel Ángel Gil, -asesinado en el D2- y Silvia Peralta -desaparecida, conocida como la “Cordobesa”, cuyo último dato se vincula con el centro de detención clandestino La Perla-. Finalmente,  mencionó su paso por la cárcel de Caseros y luego por la U9 de La Plata, ocasión en la cual fue presentado ante el ex magistrado Max Petra Recabarren, designado su abogado defensor. El 23 de noviembre de 1982, Actis recibió la libertad vigilada hasta el 30 de julio de 1983. No pudo recuperar su trabajo y fue impedido de terminar la carrera de Ingeniería Electrónica, a pesar de las reiteradas solicitudes prestadas. 

Por último, relató la persecución ideológica y sindical que sufrió antes del golpe militar. En esta causa se están juzgando los casos de Marcos Ibáñez, representante de los trabajadores de la Terminal de Ómnibus, y de Miguel Ángel Gil, delegado de la Comisión Nacional de Energía Atómica –CNEA-, ambos asesinados por la aplicación de tortura.