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Hace diez años el Senado de la Nación aprobó la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados. Las dos leyes fueron declaradas nulas por la Corte Suprema de Justicia dos años después, el 14 de junio de 2005.

La decisión de anular las llamadas "leyes de la impunidad" fue una de las primeras políticas sobre la necesidad de memoria, verdad y justicia impulsadas por el entonces presidente Néstor Kirchner. “Constituyó un impulso fundamental para la reapertura de los procesos por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. El hecho marcó un hito en la búsqueda de verdad y justicia por los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado”, señalaron desde el CELS.

En 2010, el poder legislativo reforzó ese compromiso con la Declaración del Bicentenario: estableció por unanimidad que el actual proceso de justicia constituye una política de Estado de carácter irrenunciable.