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Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se juzgó a las tres primeras juntas militares de la última dictadura militar (1976-1983)  por las graves y masivas violaciones de derechos humanos. Los jueces a cargo del juicio fueron Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal.  Declararon 833 personas.  Los ex generales Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua, Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Los otros acusados Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo no fueron condenados por no haberse podido probar los delitos que se les imputaban.

 

 

 

En 1990 se enjuició a los  policías Ramón Balmaceda, Isidro Rito Romero y Jorge Miño, que dispararon a mansalva contra tres jóvenes (Oscar Aredes, de 19 años, Roberto Argarañaz, de 24 y Agustín Olivera, de 26) por tomar cerveza en una esquina de Ingeniero Budge el 8 de mayo de 1987. Este caso fue un símbolo del “gatillo fácil”, término que utilizó por primera vez el juez Raúl Zaffaroni. Durante el juicio se demostró que los policías les 'plantaron' dos armas para simular un enfrentamiento. Romero fue condenado a 12 años de prisión por "homicidio simple y doble en riña" y Balmaceda y Miño a cinco años por "homicidio", pero la Suprema Corte de los ´90 anuló el juicio por considerarlo contradictorio y los uniformados quedaron libres de los cargos.

En un segundo proceso, en 1994, la Sala II de la Cámara Penal de Lomas de Zamora los condenó a 11 años de cárcel, aunque les otorgó la excarcelación hasta que el fallo quedara firme. La defensa apeló. La Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de la ley y ratificó la sentencia en 1997. En marzo de 1998 se ordenó la detención de los tres policías, pero ya habían pasado a integrar la lista de prófugos. Años después fueron recapturados Romero y Miño. Balmaceda continúa prófugo de la Justicia.

El Tribunal Oral Federal N°5 condenó en 2011 a once represores responsables del centro clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Entre los acusados estabanAlfredo Astiz y a Jorge “El Tigre” Acosta.

Los acusados fueron juzgados por 86 delitos de lesa humanidad, incluidos los secuestros y desapariciones de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor; del periodista Rodolfo Walsh, y de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon. Debido a la cantidad de delitos, ESMA se convirtió en una megacausa que transita por el tercer tramo, donde se juzgan 67 represores y están previstos más de 700 testigos. 

Entre 2001 y 2004 el Tribunal Oral Federal N°3 realizó el juicio oral y público por la conexión local, del atentado terrorista a la Asociacion Mutual Israelita Argentina (AMIA), que ocurrió el 18 de julio de 1994 y dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos. Los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo investigaron los roles del armador de autos Carlos Telleldín y de once miembros de la Policía Bonaerense. El juicio determinó la nulidad de la investigación hecha por el juez de instrucción federal Juan José Galeano debido a numerosas irregularidades, la más importante el pago de 400 mil dólares a Telleldín por parte del juez y la Side para que acuse a los policías. La otra parte de la causa, la conexión internacional todavía está en etapa de instrucción a cargo del fiscal Alberto Nisman, donde se investiga la pista iraní vinculado al gobierno de ese país. No hay presos por el atentado.  

Por la tragedia del 30 de diciembre de 2004 en el boliche Cromañón murieron 194 jóvenes que estaban en el recital de la banda Callejeros. En agosto de 2009, el Tribunal Oral Criminal N°24 – integrado por los jueces Marcelo Alvero, Raúl Llanos y María Cecilia Maiza- condenó al gerenciador Omar Chabán a 20 años de prisión y a los integrantes del grupo "Callejeros" les otorgó la absolución, pero después Casación entendió que debía modificarse la calificación y al empresario se le impusieron finalmente 10 años y nueve meses y los músicos fueron condenados, por lo que están presos.

En diciembre de 2013, el procurador fiscal pidió a la Corte Suprema que evalúe los argumentos que había dado el TOC N°24 para condenar a los imputados en el juicio oral, y que después fueron corregidos por la Cámara Federal de Casación Penal, que había modificado a “incendio culposo”, es decir sin intención.