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En los últimos tres años en el departamento Rosario, en el sur de Santa Fe, se triplicó la tasa de homicidios. La mayoría de los más de 215 crímenes que hubo en 2013 -el año con más asesinatos desde el regreso de la democracia- tienen un rasgo común: las víctimas son varones jóvenes pertenencientes a los sectores populares. Infojus Noticias entrevistó al criminólogo Enrique Font para analizar este fenómeno.
Enrique Font titular de la cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario, integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU y ex secretario de Seguridad Comunitaria de la Provincia. En esta entrevista, el criminólogo desentraña las causas del aumento de la tasa de homicidios en Rosario y analiza el rol de la Justicia en el crecimiento del narcotráfico y la violencia en las calles de la ciudad.
¿Cómo se explica el crecimiento de los homicidios en los últimos años en Rosario?
Desde que se miden los homicidios en Argentina Rosario siempre tuvo una tasa similar a ciudades de la misma escala: Buenos Aires, Mendoza, Córdoba. Este año probablemente cierre en una tasa de 21 homicidios cada cien mil habitantes, triplicando a la Ciudad de Buenos Aires. Es muy difícil precisar las causas. Lo que se puede hacer es discutir una distorsión interpretativa que está haciendo el gobierno de la provincia. La primera es no hablar de los homicidios en general, sino solo prestarle atención a los homicidios en ocasión de robo y decir que representaban un porcentaje pequeño de la realidad. En todas las provincias los homicidios en ocasión de robo representan un porcentaje muy pequeño del total. Es un argumento políticamente muy jodido. Te estás olvidando la violencia en los barrios. La segunda manipulación interpretativa del fenómeno es vincularlo todo a narcocriminalidad. Esto es una estrategia que puede tener un rédito político. Es no buscar las causas más profundas, sociales, de los problemas en los barrios.
¿Cuál es en general el perfil de las víctimas y los victimarios de esta violencia?
Son hombres, jóvenes y de los sectores populares, de algunos barrios en particular. Jóvenes incluídos en términos de aspiraciones: a un laburo, a dinero, a las nike; y profundamente excluídos en términos estructurales y en términos de trabajo, hostigados y estigmatizados por la policía. Pertenecer a una banda, participar de manera fluctuante de arrebatos, escruches y delitos es una alternativa para construir identidad, vínculos, redes. Y la hipermasculinidad de la violencia es un mecanismo fuerte de reconocimiento social en el contexto. Es produce quilombos todo el tiempo.
Los medios de comunicación suelen hablar de enfrentamientos entre bandas, disputas por el territorio.
Los pibes le llaman junta, no banda. No son las pandillas centroamericanas, esto es una cosa más elástica, más fluctuante. Podés ser parte porque te juntás en la esquina con el grupo equis pero no robás ni andás a los tiros. No es el concepto duro de banda como organización, pero producen un nivel de violencia muy alto. Es una violencia que con un buen enfoque de prevención social es fácil de prevenir. Son formas de construir identidad que lo que buscan es comunicarse. Es una violencia hipercomunicada con antelación. Vos ya sabés quién se la va a pegar a tal. Y cuando ocurrió ya sabés quién se la dio a tal, cómo y por donde viene el conflicto. Esos pibes son muy fáciles de encontrar, no estás buscando un delincuente que ya se profesionalizó. Está en la esquina, mostrándose. Con una política de prevención social que trabaje sobre la lógica de inclusión sociocultural para competir contra la violencia.
¿Que se hace desde el Estado en este sentido?
Nada. Varias investigaciones marcan la fluctuación. Estos jóvenes a veces laburan. Otras veces afanan, pero no es una actitud permanente y profesionalizada. Hay mucho ir y venir del trabajo legal al ilegal todo el tiempo. Ese es un pibe que todavía lo tenés a mano. Muchos también salen por un tema de maduración. Se rescatan a partir de equis edad. Incluso si uno no conociera las causa de esta salida, ya que alguien salga implica que el Estado tendría que estar fortaleciendo eso, haciendo más fácil esa salida. Esta cuestión de la fluctuación se da entre la violencia, el afano pero también la socialización. Es un pibe de un barrio: se casa, va a la escuela, a un cumpleaños, hace vida. Sobre eso no se está haciendo nada. Encubrir sobre narcocriminalidad el fenómeno de los homicidios es lavarse las manos, porque el grueso de los homicidios está ocurriendo por esta dinámica. Algunos de estos pibes participan del esquema de la narcocriminalidad también de manera fluctuante.
¿Qué opinión le merece la comparación que suelen hacer algunos políticos o periodistas entre Rosario y Medellín o Ciudad Juárez?
Primero hay que regalarles un mapa. Para ser Ciudad Juárez tenés que tener tras la frontera a Estados Unidos, el principal consumidor de drogas y proveedor de armas. Nosotros no estamos en esa posición geopolítica. No es cierto que la tasa de homicidios de Rosario o de otra ciudad argentina sea igual a la de Medellín. Además el fenómeno de drogas no es lo que está produciendo los homicidios en la ciudad.
¿Cuál es la incidencia real del narcotráfico en estos homicidos?
Hay homicidios vinculados a narcocriminalidad pero no es todo. Que un tipo mate a otro pero que uno sea soldadito de un búnker no necesariamente es narcotráfico. Sino también se diría que hay un conflicto con el gremio de los gastronómicos, porque hay muchos pibes que laburan de mozos. Nuestra pelea a partir de las investigaciones es salir a discutir el argumento de que todo es narcocriminalidad. Hay causas muy diversas, algunas son vinculadas a disputas territoriales. Otras tienen que ver con circulación y disponibilidad de armas. Hay muchas armas y no necesariamente por narcocriminalidad. En todas juega un rol importante la policía.
¿Qué rol cumple la Justicia en este contexto?
Los homicidios no valen lo mismo. Un homicidio de un kioskero acá a la vuelta es un escándalo. En los barrios la policía los llama “homicidios ecológicos”. “Los negros se matan entre ellos”, en la jerga. En la práctica el Poder Judicial, la policía y el gobierno responden de la misma manera: van levantan el cuerpo, hacen algo de balística en el lugar con muy poco criterio y el caso no se investiga más. La de Santa Fe es una Justicia profúndamente degradada. La famosa banda de Los Monos es una banda de gente pobre de barrio La Granada. Sobre todo eran pistoleros: se dedicaban a cobrar usura, piratería del asfalto. Es una banda muy violenta, con mucha presencia en las páginas policiales. Después empezaron con la venta de marihuana y vía barrabravas se metieron en el creciente y lucrativo negocio de la merca. Hoy son una banda importante porque creció en todo sentido. Es una de las tantas bandas que no tuvo atención del Poder Judicial.
¿Hay selectividad de la Justicia?
Hay una selectividad corrupta y profundamente mediada por la intervención de la policía. Si vos tenés un Poder Judicial que ni siquiera pone preso a alguien que anda a los tiros de manera regular y sistemática matando gente estás jodido.
¿Y la Justicia Federal?
Salvo los cambios que se empezaron a dar desde que asumió Gils Carbó, la Justicia Federal es catastrófica. Es una Justicia que no se mete con los poderosos y que investiga mal. Se ha dedicado a investigar el eslabón más visible, más bajo, más vulnerable y más recambiable del fenómeno de la narcocriminalidad. Este es un mercado en una economía capitalista, tiene cosas comunes de los mercados legales: hay empresarios y trabajadores de distinta escala. Cuando la política de persecución penal se concentra en los puntos de venta en una ciudad te llevás puesto al trabajador más explotado de esa economía. Lo interesante del cambio de la PROCUNAR es que busca impactar en el narcotráfico y las complicidades policiales.
¿Por qué no se intentó hacer una reforma policial en la provincia?
Hay miedo. Es un área muy compleja, son muy recientes las experciencias de gestión política para abordar este conflicto porque siempre funcionó con autonomía policial. Siempre las condujeron con este doble pacto, que algunos llaman autonomía y otros la delegación. Un Estado que en lugar de asumir el control político de la seguridad y por ende de la policía dice “manejalo vos, quiero esto, esto y esto”. El acuerdo incluye recaudación ilegal, que se maneje el negocio y se mantenga en niveles tolerables políticamente. Esto quiere decir mantener en niveles tolerables para los sectores que tienen capacidad de joder la gestión. La autonomía siempre tiene como elemento central que sobre los sectores populares ocurren dos cosas: sobrecriminalización y desprotección.
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